¡Qué vergüenza!
A propósito del escándalo de los Subsidios No Reembolsables (regalo) del Agro Ingreso Seguro, especialmente los de Riego y Drenaje, en estos días en Bosa un viejo seguidor de muy buena fe me dijo: "Doctora Noemí, le sugiero que les dejemos a los de la oposición el tema de la corrupción". Le pregunté por qué opinaba eso, y me dijo que no podíamos darnos el lujo de "dañar la imagen de la Seguridad Democrática".
Creo exactamente lo contrario. Para preservar la Seguridad Democrática es necesario que sus aliados seamos los primeros en denunciar que personas inescrupulosas y aprovechadas no pongan sus intereses personales por encima de los del pueblo.
La Seguridad Democrática es ya una Política de Estado y por tanto resulta irreversible. Estoy convencida de que el gobierno del Presidente Uribe significa y significará uno de los grandes hitos en la historia de nuestro país y me he encontrado que en el tema de los subsidios se ha confundido a la opinión, comparando peras con manzanas.
En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, los subsidios están amparados por el principio de legalidad. En consecuencia, todos aquellos que de buena fe se han beneficiado de ellos y cumplieron los requisitos legales no tienen problemas. Pero insisto: quienes le hicieron trampa a la Ley y actuaron dolosamente, ya fuera desde el Ministerio para favorecer a algunos o engañando para 'encajar' dentro de los beneficiarios, deben responder.
En efecto, la Corte Constitucional, en desarrollo del artículo 355 de la Carta Magna, prohíbe los auxilios y donaciones a empresas con ánimo de lucro y sin retorno social. Incluso en el Código Penal el delito existe y se llama Peculado por Aplicación Oficial Diferente, cuando se atenta contra la inversión social. En esto, la Fiscalía y los tribunales tienen la palabra.
En segundo lugar, una cosa es la justicia y otra, la equidad. La equidad supone las ayudas a unos, como los campesinos menos favorecidos, para la búsqueda del equilibrio con los más pudientes de la sociedad. Muchos de los recursos que se giran a estos últimos se originan en la retención en la fuente que sufragan miles de colombianos y también en el IVA que los trabajadores de salario mínimo pagan a diario. ¿Cómo es posible que se les entreguen estos recursos de regalo a familias y personas privilegiadas, no sólo en millones de pesos, sino en millones de dólares? ¿Es eso justo? ¿Hay equidad social?
¡Y pensar que todavía alguno ha tenido el descaro de decir que doblaría este tipo de subsidios inequitativos! ¡Qué vergüenza! Otra cosa son las rebajas impositivas o los estímulos con créditos más baratos.
Para llegar a construir un país cuyas mayorías sean verdaderas clases medias, que es la meta que todos debemos trazarnos, se puede redistribuir los recursos a través del Estado y hacer este tipo de donaciones directas sólo a quienes no tienen medios suficientes para producir. Cuando se beneficia al que no tiene esos medios se busca la igualdad. Cuando se regala el dinero público a los que más tienen, lo que definitivamente se consigue es aumentar la desigualdad. Claro, también se consiguen avionetas, donaciones, apoyos y redes políticas.
En tercer lugar, nada ha resultado tan difícil de defender como esta red política de privilegios y de subsidios. El Ministro de Agricultura logró mantenerse en su silla. No sobra recordar que cuando le comenté algunas apreciaciones sobre el AIS, lo único que me contestó es que no había sido bajo su mandato. Todavía no tenía el libreto que le prepararon. Es, repito, una verdadera vergüenza el entramado de ofrecimientos, favores y formularios tramitados, como lo es la falta de controles que intencionalmente se tuvo. Sobre todo, y ante todo, resulta repugnante desde el punto de vista de ética social.
Podrán evadir la responsabilidad política ante el Congreso, pero nunca ante el tribunal de la opinión. A mi seguidor de Bosa le contesto, cero tolerancia con la corrupción. Todos los colombianos debemos tener la garantía de que a este tipo de subsidios se les coloque ya los controles adecuados, para eso tenemos expertos y universidades especializadas en Colombia; además, debemos facilitar de manera inmediata el lleno de los requisitos que un agricultor del común requiere.
Hoy tienen que pagar muchos millones de pesos para conseguir asesoría de alguien que los ayude. Entregando el dinero a quien lo necesita y con una política agraria sana, obviamente aumentaremos la productividad, el trabajo y el empleo y disminuiremos la desigualdad. Para eso se hizo la ley.
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